¿Cuándo se puede suspender la ejecución de una pena de prisión en España?
GONZÁLEZ LUNA ABOGADOS • 7 de agosto de 2025
Requisitos y efectos.
La suspensión
de la ejecución de la pena privativa de libertad
es una figura clave del derecho penal español que permite evitar el ingreso en prisión, bajo determinadas condiciones legales. Su finalidad es ofrecer una oportunidad de reinserción al condenado que cumple ciertos requisitos, evitando los efectos negativos del encarcelamiento inmediato.
¿Qué es la suspensión de la pena de prisión?
La suspensión consiste en dejar en suspenso el cumplimiento efectivo de una condena de prisión, durante un periodo de tiempo (normalmente entre 2 y 5 años), siempre que el condenado no cometa nuevos delitos
y, en su caso, cumpla las condiciones impuestas por el juzgado.
Está regulada en el Código Penal español, y se solicita tras la firmeza de la sentencia.
Requisitos para que se conceda la suspensión:
- Primera condena:
el condenado no debe haber sido condenado anteriormente por delito doloso, o, si lo ha sido, los antecedentes deben estar cancelados
o ser irrelevantes por su naturaleza o antigüedad.
- Pena no superior a dos años de prisión, excluyendo el tiempo de responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa.
- Abono de la responsabilidad civil
derivada del delito, o compromiso de pago aceptado por el juzgado.
- Compromiso de no delinquir
durante el plazo de suspensión.
- Posibilidad de cumplir condiciones adicionales
como programas de deshabituación, formación laboral, cursos de educación vial, etc.
¿Qué condiciones puede imponer el juez?
- Prohibición de acudir a determinados lugares o de comunicarse con la víctima.
- Realización de trabajos en beneficio de la comunidad.
- Participación en programas de reinserción, control de la violencia o deshabituación de alcohol/drogas.
- Comparecencias periódicas ante el juzgado o servicios sociales.
¿Quién decide si se concede la suspensión?
Es el juzgado o tribunal
que dictó la sentencia condenatoria el que valora si el condenado reúne los requisitos y si la suspensión es procedente, atendiendo a su situación personal, social, familiar y a las circunstancias del delito. El Ministerio Fiscal
debe emitir informe previo.
¿Qué ocurre si el condenado incumple?
Si durante el periodo de suspensión el condenado comete un nuevo delito, o incumple alguna de las condiciones impuestas, el juez puede revocar la suspensión
y ordenar el ingreso en prisión
para cumplir la pena.
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Cuando se firma un contrato de arrendamiento de inmueble para uso distinto del de vivienda con una duración inferior a un año —por ejemplo, de 11 meses— es frecuente que el arrendador se pregunte si puede recuperar el local o inmueble antes del plazo pactado en caso de necesitarlo para sí mismo. La respuesta es sí, siempre que se pacte expresamente en el contrato mediante una cláusula de resolución anticipada. ¿Qué dice la ley sobre este tipo de contratos? Los contratos de arrendamiento para uso distinto del de vivienda (por ejemplo, para oficina, despacho, local de temporada, etc.) se rigen por el artículo 3 y siguientes de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y, en lo no previsto, por el Código Civil. A diferencia de los arrendamientos de vivienda habitual, donde hay normas imperativas que protegen al inquilino, en los de uso distinto rige el principio de autonomía de la voluntad (art. 4.3 LAU) : “Los arrendamientos para uso distinto del de vivienda se regirán por la voluntad de las partes, en su defecto, por lo dispuesto en el Título III de esta Ley y, supletoriamente, por lo dispuesto en el Código Civil”. Por tanto, si arrendador y arrendatario pactan una cláusula que permita la resolución anticipada por necesidad del propietario, esta será plenamente válida y oponible. Cláusula de resolución anticipada por necesidad del arrendador: ¿es legal? Sí. Se puede incluir una cláusula que permita al arrendador recuperar el inmueble, incluso antes del plazo de 11 meses, si lo necesita para sí mismo u otro uso legítimo. Esta cláusula es jurídicamente válida, según reiterada jurisprudencia: SAP Madrid, Sección 13.ª, 14/2019, de 18 de enero: avala la resolución anticipada si se ha pactado expresamente en contrato. SAP Barcelona, Sección 13.ª, 383/2020, de 30 de octubre: reconoce la validez de pactos que otorgan esta facultad al arrendador. Recomendaciones para incluir esta cláusula correctamente: Redacción clara y específica: evitar cláusulas ambiguas que puedan dar lugar a interpretaciones. Preaviso razonable: al menos 30 días para dar seguridad jurídica al arrendatario. Aceptar expresamente: es conveniente que el arrendatario firme junto a la cláusula para dejar constancia de su aceptación individualizada. Aplicable solo en uso distinto del de vivienda: no es válida esta cláusula en arrendamientos de vivienda habitual por contravenir normas imperativas. ¿Y si el inquilino no quiere marcharse? Si el arrendatario no entrega voluntariamente la posesión tras el preaviso, el arrendador deberá acudir al procedimiento de desahucio por expiración del plazo contractual o por resolución anticipada pactada, conforme al artículo 27.2 LAU y el artículo 250.1.1.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC). Conclusión: Incluir una cláusula de resolución anticipada por necesidad del arrendador en un contrato de uso distinto del de vivienda y duración inferior a un año (por ejemplo, 11 meses) es perfectamente legal y eficaz, siempre que esté debidamente pactada. Esta medida proporciona flexibilidad al propietario y puede resultar esencial en contratos de duración corta o de temporada. 📞 +34 615 071 074 📭 jorge@gonzalezluna.es
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